Se trata de una ley de corte claramente programático, cuyas previsiones, pese a estar en vigor, carecen de efectividad inmediata, en tanto en cuanto no se dote a la Administración de Justicia de recursos suficientes que permitan la implantación de los sistemas y herramientas necesarios para el tratamiento de la información y la documentación de forma uniforme, segura y veraz.